EL ROL DEL ESTADO EN LA EDUCACION NACIONAL

C.: ETB

Octubre, 2008

 

Por estos días, está siendo frecuente escuchar la expresión –atribuida a Ronald Reagan- “el Estado no es la solución, sino el problema” pero no para exaltar, como antes, las bondades del mercado como ente regulador de nuestras vidas. Todo lo contrario, hasta los más fieles defensores de la no intervención estatal en la vida de las personas, especialmente desde las trincheras del capitalismo neoliberal, claman por que el Estado salve sus economías. Y es claro, con una lucidez admirable, algunos ven –como el presidente Sarkozy- que la idea de que el mercado siempre tiene la razón ha resultado ser una idea completamente loca y que el capitalismo tiene que ser regulado.


Nuestra historia reciente, en Chile, nos ha permitido experimentar con el rol del Estado en forma extraordinaria. En los últimos 50 años lo hemos visto desempeñar roles muy diversos, pasando de ser un padre protector, el Papá Fisco, a severo conductor de una mutación económica finalmente abortada, para vestirse luego con los ropajes de subsidiario y de uniforme, hasta recuperar su tradición democrática, por cierto modernizada y globalizada, con la intención de sustituir condiciones de malestar por el bienestar para toda la Nación. En medio de todo, nuestro sistema educativo no ha hecho más que reflejar dicho tránsito y, no es de extrañar si hoy parece reclamar una mayor regulación estatal, lo mismo que la economía.


El rol del Estado en la Educación no puede sino estar marcado por el signo de los tiempos, impronta que surge –quiérase o no- del modo de producción dominante y si bien la historia de Chile no muestra que éste verdaderamente haya cambiado desde que la nación chilena se organizara jurídicamente, sí hay momentos distintos posibles de ser reconocidos en su desarrollo. El cambio más relevante es reciente y se constituye a partir de la dictación de la Constitución de 1980, cuando el concepto de Libertad de Enseñanza sustituye al de Estado Docente. La aplicación de uno y otro ha sido objeto de alabanzas así como de ácidas críticas y la razón parece ser más simple de lo que uno imagina: la escuela ha sido y sigue siendo un aparato ideológico del Estado.


Si bien es cierto que la imagen de un Estado represivo por naturaleza, tan propia de la concepción marxista, ha cedido paso a una concepción menos amenazante con los tiempos, este hecho no anula la idea de que su administración sigue gobernada por lo que –desde tiempos ancestrales en la historia de la Humanidad– reconocemos como la clase dominante y que, en el caso de la educación, según algunos, la usa precisamente para asentar los mecanismos de dominación al resembrar exitosamente su ideología, generación tras generación. Desde una perspectiva crítica, en tiempos de globalización, donde en política todo parece tener el mismo sabor a Coca Cola, nada mejor para quienes se han hecho del gobierno global. Meritorios resultan, entonces, los esfuerzos titánicos en comparación, que realizan los desalineados con el modelo dominante por presentarnos alternativas, en la globalidad y en la localidad.


Si dejamos atrás un Estado Docente para instalar la Libertad de Enseñanza como principio rector de nuestra educación nacional, la explicación hay que buscarla en la administración que en el momento llevaba el país. Si se ha mantenido el nuevo principio, aunque haya cambiado la administración, la explicación también estará en la historia, por muy reciente que ésta sea.


Como es válido para toda Latinoamérica, pensar que los discursos técnico-políticos y sus macrovisiones han tenido una incidencia lineal y directa en el desarrollo de nuestro sistema educativo, desde los albores de la república hasta nuestros días, sería erróneo. Ellos siempre son recogidos por los actores en los procesos de cambio y reforma, quienes finalmente se hacen responsables del sello que muestra finalmente la escuela.


Tomando la historia más reciente nada más, vemos como después de la Primera Guerra Mundial, sumada la gran depresión de los 30 y las medidas paliativas asumidas para contrarrestarla, por entonces se acentuó la importancia estratégica que tenía la integración de la nación y el nacionalismo, con el fin de fomentar el sentimiento de seguridad en tiempos de incertidumbre colectiva. Esta retórica de los nacionalismos predominó en la sociedad y en su sistema educativo entre 1910 y 1940.


La Segunda Guerra Mundial mostró los efectos perversos de los nacionalismos exacerbados, a la vez que consolidaba la idea de la convivencia democrática, capaz de ofrecer estabilidad y prevenir movimientos masivos surgidos de la crítica política e ideológica. El pluralismo se instala notoriamente como discurso predominante en la sociedad y en la escuela entre 1940 y 1950.


La Guerra Fría trajo, para todas las partes, la necesidad de afrontar el desafío de la subversión ideológica, lo que sirvió para instalar modernos sistemas de selección y control de las elites locales como forma de conservar el orden mundial establecido por las grandes potencias. Fue ésta una época en que se privilegió la excelencia como meritocracia, durando hasta mediados de los setenta.


En nuestros tiempos, desaparecidos los fuertes antagonismos de otras épocas, que frenaron una integración planetaria más temprana, la seguridad colectiva se busca en la transacción de las ventajas que se juegan en el tablero del mercado global. Para ello se ha reflotado la teoría del capital humano, factor clave, precisamente, para poder competir globalmente. Las reformas educativas se tiñen de preocupación por la calidad y la equidad en la educación y se busca con afán hacer circular lo que funciona en países más diferenciados hacia los menos diferenciados o, lo que es lo mismo, desde los más parecidos al centro hacia los que aún están en la periferia.


Si bien es cierto que nuestra América ha sido –y desde siempre– particularmente receptiva a las influencias ideológicas y educacionales de Europa y en menor grado de los Estados Unidos, sería injusto dejar de reconocer que las oligarquías locales más proclives a la importación de modelos encontraron desarrollos locales importantes. Las circunstancias y los actores que influyeron tempranamente en los nacionalismos latinoamericanos de algún modo vieron amalgamados sus intereses con los de la oligarquía.


A partir de 1910 se reconoce el influjo de los movimientos renovadores de las clases medias, que comienzan a cobrar más importancia en la vida pública, en particular después de la crisis de los años 30. Es entonces que se dan las condiciones para que, con el motor de la clase media, el tema educacional se asuma como un compromiso histórico entre el Estado y la Nación. Surge así el Estado Docente, con dos objetivos paralelos como reflejo de los intereses de las clases medias emergentes: (i) la obligatoriedad de la enseñanza primaria, condición para consolidar las bases electorales de la sociedad política; y (ii) la gratuidad y apertura de los niveles medio y superior, orientados a formar una elite amplia comprometida con los valores seculares de la nación.


La educación pública fue la arena en que las clases medias harían valer sus intereses frente a los de la oligarquía tradicional, los que pudieron traspasar exitosamente al sistema escolar junto con impregnarlo de su orientación política. La sociedad agraria tradicional y su educación europeizante, quedaba atrás en la medida que crecía el sistema educativo de inspiración nacional, preocupado por democratizar la participación en la vida cívica ampliando la base electoral. Como iniciativa del Estado, se multiplicaron los programas de educación popular de cobertura masiva, desarrollados al alero de dos ideales políticos, quizás siempre de vaga definición pero que habrían de guardar vigencia durante todo el siglo XX. Por una parte, la idea de nación que transita a una comunidad ideal imaginaria que, más que producto de la historia, sería realidad en la medida del progreso conseguido. Por otra, la de construir una cultura nacional capaz de generar un sentimiento colectivo unitario en valores y expresiones compartidas, superando las heterogeneidades heredadas.


El sistema escolar de base estatal adquirió una organización y logística casi militar con el fin de extender la educación primaria pública, gratuita y obligatoria, como así también ofrecer oportunidades reales en educación secundaria, de carácter laico y orientada a sectores sociales menos favorecidos. En el nivel superior, el Estado sería acompañado por instituciones privadas que asegurarían la libertad académica e ideológica como garantía anti-totalitaria. Son los años que se inician con el lema “gobernar es educar” que perdura en nuestra memoria. En tanto la multiplicación de escuelas aseguraba la base ciudadana indispensable para la modernización de las instituciones políticas, en las distintas universidades proliferaba el debate de ideas liberales.


La llegada de los años 50 marca un cambio de prioridades en las políticas del Estado y, por consiguiente, de la Educación; del mayor aprecio por las ideas nacionalistas se pasa a una mayor consideración del valor de la democracia. La elocuencia que adquirieron los países triunfantes en la Segunda Guerra, avalados por haber alcanzado la capacidad de la destrucción atómica, se instala en un nuevo discurso político y educacional. El pluralismo político se nos presenta como el antídoto frente al horror experimentado del nacionalismo a ultranza, así como la preparación de los recursos humanos es el camino más seguro para la reconstrucción productiva, diremos a ambos lados de la Cortina de Hierro.


Para Latinoamérica y por cierto para Chile, se originan dos condiciones determinantes en lo que experimentarían los sistemas educativos. La puesta en órbita por los soviéticos del Sputnik, primer satélite artificial, así como la instalación del socialismo en Cuba, generan en el primer caso y para descontar la desventaja, un fuerte desarrollo educacional en los Estados Unidos; en tanto que para contrarrestar lo segundo, se lanza un programa de ayuda conocido como Alianza para el Progreso, que acercaría a nuestra educación las innovaciones “made in USA” de los años 60.


Ambos factores son determinantes a la hora de explicar los giros de la política latinoamericana y las reformas, no sólo educativas, que buscarían mantener la prevalencia de la democracia al estilo capitalista en la región. Y lo lograron, incluso a sangre y fuego cuando las políticas reformistas no consiguieron sus objetivos de progreso igualitario y la revolución socialista se alzó como posibilidad real. El estado moderno occidental se definía finalmente dentro de los moldes del modo de producción capitalista y las estructuras de distribución y ejercicio del poder en la región y en las naciones se caracterizaban por sostener una relación centro-periferia, con un centro desarrollado y la periferia “en vías de desarrollo”, sino francamente “subdesarrollada”. La educación era vista de un lado, entonces, como el medio para vencer el subdesarrollo, inspirada en la formación del capital humano y, por otros, como el medio para socializar a los pueblos en los códigos de comportamiento del centro del imperio, bajo un enfoque de modernización. Las comparaciones internacionales que correlacionaban educación e ingresos avalaban las políticas y las inversiones en el sector, como así también los estudios sobre movilidad social vertical. Con esta visión, se favoreció fuertemente la formación profesional, a veces en desmedro de la educación básica. En Chile, las inversiones se revierten al instalarse el gobierno militar tras el golpe de 1973, volviendo a ser preocupación principal el aseguramiento de la educación primaria.


Sin embargo, la transformación del rol del Estado –de hecho, en todo el quehacer nacional– en Educación significaría, precisamente, la derogación de la primacía del Estado Docente, en beneficio de la Libertad de Enseñanza, lo que se consagra en la Constitución Política de 1980. La responsabilidad docente del Estado fue un aporte de la Revolución Francesa, que vio en la escuela el camino para formar a la ciudadanía luego que la cabeza de la monarquía rodara a manos de quienes instauraban el nuevo orden. Para formar ciudadanos y no súbditos, la educación debía ser universal, gratuita y obligatoria, propósito y tarea del siglo XVIII que nuestros sistemas educativos nunca llegaron a implementar a plenitud. Al ser nacionalizados los bienes de la Iglesia Católica (noviembre de 1789), el Estado transformó la caridad y la educación, hasta entonces tareas eclesiales, en servicio público. La educación debería formar a la infancia y la juventud en el molde nacional; los fines de la educación pasarían a ser delimitados en función de de las necesidades de la sociedad y no de los intereses de la Iglesia, se inauguraba una política de servicios públicos, con una nueva organización, secularizados y estatales. La instrucción pública cobrará progresivamente más importancia. La nueva Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793 señala: “La instrucción es necesaria a todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.” Ya no se trata nada más de asegurar la educación elemental, primaria o básica, sino que la instrucción de todos los ciudadanos. Este es el antecedente moderno del derecho a la educación. El Estado se convierte en la organización política nacida para garantizar los derechos del hombre, naturales, inalienables, imprescriptibles y hasta anteriores al nacimiento mismo del Estado. Estas libertades públicas se ven luego acompañadas por derechos cívicos o políticos, que ven al hombre como sujeto de la vida política y no como objeto, como ciudadano que tiene derecho a emanciparse del poder ya participar en él. El derecho a sufragio se instala y hace posible el control de los gobernantes por los gobernados. La educación refuerza su función generadora de ciudadanía.


Queda atrás el Estado absoluto, los emergentes derechos ciudadanos pasan a limitar el poder político estatal. El nuevo Estado debe respetar y garantizar la práctica de estos derechos y la mejor forma de hacerlo es no intervenir. Es el Estado liberal que nace, que ha de abstenerse de intervenir en el mundo de las relaciones sociales y económicas, restringiendo su acción a asegurar el orden público, condición necesaria para que las fuerzas sociales y productivas puedan desarrollarse a voluntad. Paradojalmente, la Educación mantendrá su carácter fuertemente estatal y soportará fuertes tensiones:


  • ¿Formar la elite de la nación o aumentar la educación del pueblo?


  • ¿Control centralizado del Estado o descentralizado, a nivel local?


  • ¿Limitar la educación pública al nivel primario, aceptando la participación privada en los demás niveles, o tener un sistema educativo nacional, público y gratuito?


  • ¿La educación empleada para transmitir valores o como instrumento de emancipación?


  • ¿Libertad de enseñanza o monopolio estatal?


Donde se impone el Estado liberal, se consolida la más consciente y coherente teoría de la primacía de lo privado sobre lo público El tema de la libertad de enseñanza aparece en el siglo XIX como un derecho de defensa frente al Estado. En verdad, debe entenderse en plural, pues comprende la libertad para la creación de instituciones educacionales y la libertad para enseñar determinados contenidos o libertad de cátedra.


La Constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) dictada en marzo de 1990 consagran lo uno y lo otro, regulando la ingerencia estatal en los nuevos emprendimientos privados. Con anterioridad a la dictación de la LOCE, el sector había soportado fuertes ajustes, de acuerdo a la concepción que el gobierno pinochetista imponía para la administración del Estado y para la participación de particulares en el sector. Al traspasarse la administración de escuelas y liceos fiscales a los municipios y a privados, el sistema escolar pasó a tener instituciones destinadas a asegurar el derecho a la educación proveyéndola en forma gratita bajo administración municipal o bien privada con subvención estatal, e instituciones privadas, pagadas. La educación superior, a partir de 1981 experimentó igualmente modificaciones, al abrirse la posibilidad de fundar universidades privadas, las universidades financiadas por el Estado deben autofinanciarse en parte, surgen los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Se trataba de un gran ejercicio de privatización de la educación nacional, cuyas consecuencias nos salpican hasta ahora.


Al retirarse el Estado y ceder responsabilidades a manos de las instituciones privadas, la idea liberal (o neoliberal) del establecimiento de un mercado en el sector dominaba las decisiones que se tomaban en La Moneda. El PER primero y el SIMCE después, son un ejemplo de la nueva política. Dejando que el mercado fluya, sólo cabe que el Estado actúe en subsidio del privado, es decir, cuando el privado no se interesa en participar, garantizando de esta forma el ejercicio del derecho constitucional a la educación, que debe ser provista a quien la solicite y en forma gratuita. Para que el mercado opere, debe proveer información a los padres sobre la calidad de la educación impartida. Así como los establecimientos educacionales gozan de libertad de enseñanza, los padres ven asegurada su libertad para elegir, informadamente, el establecimiento educacional donde matricular a sus pupilos.


Se pensó que la privatización allegaría fondos frescos a la Educación. Sin embargo, una revisión de las cuentas ministeriales mostraría que no fue así y se podría probar que la privatización de las políticas sociales no se desprenden necesariamente de decisiones económicas con base en una racionalización del gasto público. En cambio, más bien son la respuesta a decisiones políticas marcadas por la definición que se hace del rol de Estado y por una intencionalidad de redistribuir el poder, recentrándolo en los sectores más poderosos de la sociedad.


Encontrando un fuerte deterioro de las inversiones y del gasto en el sector, el gobierno democrático que asume en marzo de 1990 intentará replantear el rol estatal en a educación nacional. Si bien desde entonces, las sucesivas administraciones no han conseguido un abuenamiento colaborativo con el gremio magisterial, condición que parece a todas luces indispensable para iniciar un proceso serio de reforma educacional que verdaderamente llegue al aula, prácticamente no hay factor que no haya sido intervenido para conseguir mayor calidad y equidad en la educación impartida por instituciones privadas y públicas: contenidos, métodos, textos, tiempo, capacitación docente, tecnología, becas y auxilio escolar, etc. La inversión pública en el sector no tiene parangón, aunque la productividad no se expresa en aprendizajes relevantes y, más bien, existe el sentimiento colectivo de que son deplorables. La privatización en el sector es duramente criticada y son atendibles los argumentos que acusan que, finalmente, lejos de resolver o corregir la desigual distribución de los bienes educacionales, tiende a profundizar las condiciones históricas de discriminación y de negación del derecho a una educación de calidad a que se ven sometidos los sectores populares. Al parecer, entonces, la estructura del sistema escolar, su actual ordenamiento y regulación, las políticas educacionales y la privatización, contrariamente a todo lo esperable, han generado escuelas ricas para niños ricos y escuelas pobres para niños pobres. El escaso logro en materia de conseguir aprendizaje, según mediciones nacionales como internacionales, diluye el éxito demostrable en otros ámbitos: muy buenas tasas de cobertura en la educación escolar y creciendo en la preescolar, se hace obligatoria la educación media garantizándose el acceso, se evalúa sistemáticamente el desempeño docente aplicándose incentivos, se multiplica el crédito fiscal en educación superior, nivel que crece notablemente en cobertura, entre otros logros parciales. El Estado liberal cede el paso al Estado de bienestar; la Educación es también un derecho social.


En tanto en el Estado liberal las libertades públicas surgen precisamente para limitar la intervención del Estado, obligándolo a respetar la esfera de libertad de derechos de las personas, en el Estado de bienestar o estado social de derecho, la educación erigida en un derecho social ella misma, va a exigir la intervención estatal. Para ello, será necesario ampliar los poderes del Estado.


Y este es, precisamente, el punto de situación actual. No es de extrañar que la temática del lucro en la educación haya captado la atención pública durante un tiempo, hasta que -en la solución típica chilena- se crea una comisión y se prepara un proyecto de ley, que dará vida a una Superintendencia de Educación y creará una entidad supervisora de la calidad educativa. El Estado recuperaría de esta manera, roles de los que en un momento se desprendió, buscando con ello cautelar el correcto usos de los fondos estatales aportados al sector y la idoneidad de los agentes en quienes sigue confiada la misión de educar. Para nada se amenaza la Libertad de Enseñanza, sólo se aplicarían nuevas regulaciones, sin que ello implique una vuelta al Estado Docente.


Desde el punto de vista masónico, esta revisión del rol, o mejor dicho, de los cambiantes roles que ha asumido el Estado frente a la muy noble tarea de educar a hombres y mujeres de toda edad, origen y condición social, sin discriminación alguna, puede que sirva para que cada uno de nosotros fije una posición y busque los caminos para que, en el ejercicio de nuestras libertades personales, apoyemos con nuestras fortalezas y compromisos, la re-construcción de un sistema educacional de clase mundial por el beneficio que prestará a la Nación, lo que supone aplicar en dicha tarea la rectitud del comportamiento masónico, la ponderación que caracteriza nuestras observaciones y el buen juicio de quien está definitivamente comprometido con la caridad. Si así fuese, QQ HH, sería para mí motivo de profundo y fraternal agradecimiento.


SFU

FUENTES CONSULTADAS:


Gentilli, Pablo. “A privatizaçao da Política Educacional: dez questões.” LPP-UERJ. Dezembro 2000.Nº1


Puelles Benítez, Manuel de. “Estado y Educación en las Sociedades Europeas”. Rev. Iberoamericana de Educación, OEI, Nº 1, Enero-Abril 1993.


Raczynski, Dagmar y Gonzalo Muñoz. “Reforma Educacional Chilena: el difícil equilibrio entre la macro y la micro-política”. REICE. Rev. Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 5, Nº3, 2007.


Ratinoff, Luis. “Las retóricas educativas en América latina: la experiencia de este siglo”. UNESCO, Proyecto Principal de Educación, Boletín 35, Dicbre. 1994.


Riveros, Luis. “Clase Magistral: Un rediseño conceptual para abordar el problema educacional chileno”. 10 de junio, 2002. En: Universidad de Chile. Una universidad para Chile. Selección de discursos Prof. Luis Riveros. s/f


Para saber más:


Brunner, José Joaquín. “Estado y educación”, en http://www.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/RolEstado.pdf


El Siglo. “Rol principal del Estado en la Educación (Estado social y solidario en educación)”. En http://www.elsiglo.cl/noticia.php

 

La Nación. “Banco Mundial recomienda mayor rol del Estado en la Educación”, 30.06.2007 www.lanación.cl


OPECH. “El imperativo ético de fortalecer y desarrollar la Educación Pública” En http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movertIrol-del-e-Pub.pdf


Piñera, José. “Propuesta de Reforma Educacional”, en www.josepinera.com/text/Reforma_Educacional.pdf


Senado de la República de Chile. ”LGE: mejorar subvenciones y definir el rol del Estado.” En http://senado.cl/prontus_senado/antialone.html


Viera-Gallo, J.A. “Definición del sistema educacional, rol del Estado y lucro en la actividad”. En http://lanacion2007.altavoz.net/prontus_noticias_v2/site/art

 

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